Es necesario que el Gobierno reconsidere aceptar que se paguen los anticipos para la ejecución de las obras viales que adelanten las pequeñas y medianas empresas de ingeniería, desde luego con un riguroso control, porque ellas no tienen recursos distintos a la facturación de las mismas.

El anticipo, para comenzar, es el que permite crear trabajo en las regiones y ante la falta de dinero podría dar pie a que estos se consigan de cualquier forma, lo cual puede traer funestas consecuencias. Por consiguiente es necesario llegar a una concertación sobre este punto dentro de una relación de mutua confianza. El dueño del trabajo, es quien debe desembolsar los anticipos.

En este caso le corresponde al Estado realizar las inversiones para el desarrollo y adecuación de la infraestructura nacional, un aspecto que viene defendiendo la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que en principio ha sido aceptado por el propio presidente Juan Manuel Santos. Los argumentos son muy claros, pues buscar el dinero con la banca tiene un alto costo y difícilmente las firmas de ingeniería tienen el alcance económico para abordarlo.

El difícil acceso a esos recursos puede traer graves secuelas originadas, por ejemplo, en una financiación con dineros de dudosa procedencia, una eventualidad sobre la cual se debe estar siempre alerta por parte de los encargados de la ejecución de las obras públicas. De ahí que la concertación que han iniciado Gobierno y empresarios de la ingeniería va en camino a lograr una acertada política de los anticipos para emprender los proyectos que se requieren, especialmente en las lejanas regiones.

El tema no se puede desconocer, han pasado hechos infortunados, pero el círculo de calidad de los ingenieros es muy grande. Necesitamos reconocer que con mucho valor el Gobierno nacional está contribuyendo a que la ingeniería y la contratación vuelvan a sus cauces. Parte de ello fue la decisión de que se hicieran anticipos de un diez por ciento, ahí tenemos una pequeña discrepancia con el Gobierno y esperamos encontrar una concertación, porque en la ingeniería de provincia el anticipo constituye algo sustancial. Lo fundamental es que el anticipo tenga un riguroso control.

El hecho que no se dé anticipo lo controvertimos, porque expone a esa ingeniería de provincia que no tiene recursos distintos a la facturación de la obra. Hay que señalar que el país no está preparado para iniciar trabajos con el 10 por ciento, porque podría afectar a las pequeñas y medianas empresas. Además, no se hizo ninguna concertación con el sistema bancario para ofrecer cupos de crédito a los contratistas, lo que permitiera mitigar el impacto. Por eso consideramos un error absoluto el querer quitar los anticipos.

Mirar el programa de empleo

De otra parte, se debe mirar el programa de Empleo de Emergencia, que es apoyado por el Ministerio de Trabajo y por Colombia Humanitaria, donde se han invertido 170 mil millones de pesos. A través de este mecanismo miles de damnificados pueden hacer parte de la reconstrucción del país, después de haber sido debidamente capacitados, un aspecto en el que juega un papel preponderante la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

La financiación

La idea es que todas las obras públicas sean financiadas por el Estado y otras instituciones. En Colombia teníamos anticipos entre el 30 y el 50 por ciento, pero el Gobierno decidió rebajarlo a tan solo 10 por ciento para evitar la corrupción; pero esa no es la solución. La interventoría debe funcionar adecuadamente para inspeccionar y cuidar que los dineros sean destinados únicamente en la ejecución de las obras.

Hay que evaluar y hacer un seguimiento de qué tanto se están cuidando esos recursos a través del interventor y el constructor. Se deben devolver las condiciones para intervenir en todos los aspectos de la contratación. Hace algún tiempo se le quitó a estas entidades la capacidad de hacer un seguimiento constante de las obras y por eso empezó el mal uso del dinero. Con el Nuevo Estatuto de Contratación, el Gobierno pretende entregar los adelantos a través de una figura de fiducia, que no tiene control y si tiene costos.

Es necesario acercarnos a las reglas internacionales que han dado sus frutos en el desarrollo de las obras. La mayoría de los países cuentan con estos dineros como estructura financiera, al igual que hay otros tantos que no manejan anticipos para obras públicas, pero sí cuentan con una organización bancaria para definir un pacto financiero entre contratistas y entidades.

Ahora bien, los Tratados de Libre Comercio que actualmente tiene Colombia, ponen de manifiesto la trascendencia de una adecuada y urgente inversión en el tema de la Infraestructura de Calidad y es importante que a instancias políticas, empresariales e incluso la academia comprendan que la calidad es la plataforma para enfrentar los desafíos sociales, económicos y ambientales, que demanda la incursión en los mercados globales.

Los Tratados, que se han venido desarrollando en América Latina, deben considerarse, más que como alicientes para alcanzar un aumento en nuestras exportaciones, como un reflejo de las dificultades y retos a superar que conlleva enfrentarse a los TLCs con un escaso desarrollo en la normatividad técnica, en instrumentos legales y en la producción, que beneficien los esquemas de calidad, eficiencia y competitividad.

En cuanto a que las empresas extranjeras pueden venir a Colombia, consideramos que es conveniente siempre y cuando incluya la traída de equipos, tecnología y transferencia de conocimientos, que el Gobierno garantice su permanencia en la ejecución de las obras y que no sólo sirvan como herramienta para ganar la licitación y después abandonar el país sin aportar tecnología.

Con el Nuevo Estatuto de Contratación, el Gobierno pretende entregar los adelantos a través de una figura de fiducia, que no tiene control y si tiene costos.