Colombia ha hecho grandes avances en este tema, pero aún está muy rezagada a nivel internacional según analista de KPMG.

En el país se siguen poniendo sobre la mesa grandes obras de infraestructura como el metro de Bogotá, las vías 4G y hasta se habla de una vía 5G entre la capital del país y Medellín. Según el Informe Nacional de Competitividad 2018-2019 del Consejo Privado de Competitividad, Colombia se encuentra en la posición 83 en temas de infraestructura, lo cual evidencia una gran oportunidad para seguir creciendo en esta área.

Con los avances logrados también se han hecho grandes cambios a nivel de contratación y marcos legales para la construcción, lo cual ha facilitado la creación de nuevos negocios. Sin embargo aún hay mucho camino por recorrer y grandes oportunidades por aprovechar.

“A nivel legal en infraestructura Colombia ha avanzado bastante en los últimos diez años; mejoró la institucionalidad y ha sofisticado los contratos que el Estado estructura para poder desarrollar las obras, principalmente los de transporte. Si bien ese progreso ha mostrado buenas concreciones a lo largo del tiempo, el país sigue estando rezagado en su infraestructura vial básica, en la ferroviaria, aeroportuaria y portuaria (fluvial y marítima). En materia de transporte fluvial debe aprovecharse la gran arteria que es el río Magdalena”, destacó el nuevo socio de Servicios Legales de KPMG en Colombia, César Barrero Berardinelli.

Barrero Berardinelli, quien cuenta con 15 años de experiencia en derecho público, contratación estatal multisectorial e infraestructura, agregó que la modernización del esquema de asociaciones público privadas, sumado a la estandarización de contratos representan avances importantes que han contribuido a obtener un destacado número de cierres financieros de distintos proyectos que demuestran la confianza de terceros no constructores en los esquemas de pago asociados a esos contratos.

Pero se deben seguir capitalizando las oportunidades que llegan para aumentar la seguridad jurídica del sector y que así este se convierta en piedra angular de más desarrollos que acorten la brecha en infraestructura con otros países.

“En esta línea, hay que ordenar prioridades, aprovechar la credibilidad que ha generado Colombia en materia de fuentes públicas de pago de la infraestructura desarrollada a través de esquemas APP y promover una adecuada planeación para la próxima década. Una de las más inmediatas prioridades es seguir obteniendo cierres financieros de aquellos proyectos viables de la Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G) que han sido adjudicados a fin de demostrar que todo lo que se ha venido contratando en efecto se ha ejecutado. De nada sirve la sofisticación de marcos legales y contractuales si no se traduce en la real ejecución de las obras contratadas”, puntualizó Barrero.

Otra de las muestras tangibles del avance en materia de esquemas jurídicos de desarrollo de infraestructura de transporte es que el programa de concesiones viales 4G, el cual se basa en la Ley 1508 de 2012 de Asociaciones Público Privadas (Ley de APP), en algunos aspectos ha servido de émulo para impulsar la modernización de los esquemas contractuales de otros modos de transporte como el aeroportuario y el portuario, a los que progresivamente se han incorporado o se intenta incorporar, algunas de las estructuras propias de los contratos 4G.

Para el socio de KPMG resulta innegable el avance en materia del marco legal y contractual del sector. Reconoce que sigue siendo relevante la modernización y estandarización de contratos y recalca la necesidad de aplicar de manera uniforme las disposiciones que consagren pagos por terminación en orden a la protección de la buena fe de terceros, la que considera debe ser una “presunción diligente de la buena fe”, considerando que más allá de las interventorías y esquemas de supervisión contractual se debe seguir reconociendo la autoridad de figuras como los denominados ingenieros independientes.