El CESLA analizó las implicaciones sociales, económicas y jurídicas del trabajo remoto y desde casa como consecuencia de la pandemia por el COVID-19.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Gobierno Nacional recomendó a las empresas enviar a sus empleados a trabajar desde sus casas, con la finalidad de lograr rápidamente el aislamiento de todos los trabajadores que fuere posible. 

Dicha recomendación se ha mantenido y por ello han surgido diferentes análisis frente al marco normativo que se puede aplicar a los trabajadores que cumplen sus funciones de manera remota, al número de ocupados que podrían desempeñar su trabajo bajo esta modalidad y a sus condiciones socioeconómicas.

Por lo anterior, el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI (CESLA) encontró la necesidad de aportar a la discusión alrededor del trabajo que se viene realizando de forma remota desde casa, analizando sus implicaciones sociales, económicas y jurídicas. 

De acuerdo con el estudio, de los 11.962.317 ocupados urbanos en el país hay 1.161.980 (9,7%) que, en condiciones normales, trabajan desde casa, incluyendo los teletrabajadores bajo la regulación vigente a 2019. Esta cifra muestra la baja implementación de la Ley 1221 de 2008 en materia de teletrabajo.

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De igual forma, se encontró que entre el 22% y el 30% de los ocupados urbanos podrían trabajar desde casa. Este porcentaje es similar al que tienen otros países de la región y da cuenta de la necesidad de implementar un marco jurídico simple, flexible y que permita, por un lado, proteger puestos de trabajo y, por el otro, generar nuevas oportunidades laborales, (ver gráfico 1). 

Aunque la medida excepcional del trabajo desde casa ha resultado ser un mecanismo que ha permitido mitigar el impacto de la pandemia en el ámbito laboral de las empresas, también es claro que no logra incluir al total de la población ocupada.

Según el estudio realizado por el CESLA, el teletrabajo es un privilegio de unos pocos, y aspectos como la conectividad y la accesibilidad resultan claves para lograr la implementación de esta figura.

En ese sentido, las personas que pueden trabajar en casa tienen, en general, mayor nivel educativo y socioeconómico. Mientras el 82% de los ocupados que viven en estrato 1 no pueden trabajar desde su casa, para el estrato 6 este valor es de solo el 27%. 

Además de la necesidad de poner en marcha políticas públicas enfocadas a lograr una mayor accesibilidad y conectividad de los colombianos, también es preciso fortalecer el sistema educativo e incorporar en todos los niveles de formación las capacidades y competencias necesarias para lograr implementar adecuadamente la figura del teletrabajo en el país.

De igual forma, se evidenció que la reglamentación del teletrabajo es poco flexible e impone una serie de requisitos y procedimientos que generan una carga adicional muy alta para el empleador, y por ello no fue posible su implementación durante la emergencia sanitaria. 

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Para cumplir con lo establecido por la reglamentación del teletrabajo, es preciso trasladar el puesto de trabajo de la oficina del empleador a la vivienda del teletrabajador, lo cual genera grandes costos económicos e incluso la invasión de la privacidad del empleado.

Por lo anterior, es claro que la reglamentación del teletrabajo ha provocado que esta modalidad de trabajo, en vez de ser una opción viable para las empresas y sus trabajadores, se convierta en una figura jurídica rígida de difícil implementación.

El estudio realizado por el CESLA es un aporte valioso para entender, más allá de la coyuntura, qué aspectos estructurales debemos repensar como país para promover decididamente alternativas más flexibles de trabajo, como la modificación de la reglamentación del teletrabajo o el trabajo desde casa.