Evite millonarias multas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), hace un llamado a las empresas que figuran en Cámaras de Comercio y sociedades de economí­a mixta, que aún no han registrado la base de datos de sus clientes, como lo exige la ley 1581 de 2012.

Hasta el 9 de de noviembre de 2016, habrá plazo para que los comercios que cuenten con banco de datos de sus clientes, puedan registrarlo ante dicha entidad. Aquellas empresas  que no cumplan con este requisito, tendrán que asumir multas que llegan hasta los 1,400 millones de pesos. Según la SIC, el panorama es bastante preocupante teniendo en cuenta que al menos el 90% de los negocios, no han planillado dicha información.

¿Quienes debe hacer el registro?

Todas las personas naturales y organizaciones jurí­dicas que cuenten con banco de datos en las que figuren, por ejemplo, hojas de vida, registros de proveedores, nómina o información de este tipo. Deben presentar el registro ante la SIC, por medio de la página web habilitada por esta entidad, www.sic.gov.co, ubican la opción 'registro nacional de base bases de datos' y siguen las instrucciones.

¿Por qué es importante hacer el registro?

Según la ley 1581 impuesda por el senado en 2012, es una norma que busca complementar la regulación vigente para la protección de datos personales, derecho fundamental que tienen todas las personas naturales, y que son almacenadas y administradas en bases de datos o archivos, con previa autorizacion de los titulares.

Claudia Caviedes, delegada para la proteccion de los datos personales de la SIC, por medio de una entrevista ofrecida a una cadena radial , recordó a los comerciantes que, "la protección de datos personales es clave para adelantar reclamaciones o realizar rectificaciones hacia las empresas que incurren en errores o malos manejos de la información de sus clientes".

Además, explicó que el número de comercios que no ha hecho el procedimiento es bastante alto, y que la mayorí­a está a punto de asumir la estricta multa que impone la Superintendencia, la cual va hasta los dos mil salarios mí­nimos, sumado a la restricción del uso de los datos con los que cuenta la empresa.